Vecinos de Agropolis, Camareni y otras zonas denuncian interrupciones del suministro eléctrico por la falta de contratos y cuestionan que los inquilinos tengan que asumir una responsabilidad que, según ellos, corresponde a los propietarios de las viviendas.
La empresa SEGESA está realizando durante esta semana cortes del suministro eléctrico en diferentes barrios de Malabo, entre ellos Agropolis y Camarení, alegando la necesidad de formalizar los contratos de electricidad. La medida ha provocado el malestar de numerosos vecinos, que consideran injusto tener que soportar las consecuencias de una situación que no siempre depende de ellos.
Entre los afectados se encuentran personas que viven en viviendas alquiladas y que aseguran no tener la responsabilidad de gestionar los contratos de suministro eléctrico, ya que, según sostienen, esa obligación corresponde a los propietarios de los inmuebles. Para estos ciudadanos, resulta incomprensible que se les prive de un servicio básico por una cuestión administrativa que, en muchos casos, depende directamente de los caseros.
La decisión de SEGESA abre un debate sobre la forma en que se están llevando a cabo estos cortes y sobre quién debe asumir las consecuencias de la falta de regularización contractual. Aunque la formalización de los contratos puede ser necesaria para ordenar el suministro eléctrico, los vecinos cuestionan que la respuesta sea dejar a las familias sin electricidad, especialmente cuando no son ellas quienes controlan la documentación de las viviendas.
¿Por qué deben pagar los inquilinos las consecuencias de una responsabilidad que no está en sus manos? Es una de las preguntas que plantea esta situación y que merece una respuesta clara por parte de la compañía eléctrica.
SEGESA, como empresa encargada del suministro, debería explicar públicamente los criterios que utiliza para ejecutar estos cortes, aclarar qué obligaciones corresponden a los propietarios y cuáles a los usuarios, y establecer mecanismos de regularización que eviten perjudicar injustamente a quienes alquilan una vivienda.
La exigencia de contratos no debería convertirse en una medida que deje a los ciudadanos sin un servicio esencial sin que antes exista información suficiente y una vía clara para resolver el problema. La electricidad es fundamental para la conservación de los alimentos, el estudio de los estudiantes, el trabajo y la vida cotidiana de las familias.
Los vecinos afectados esperan una solución que permita regularizar los contratos sin trasladar automáticamente toda la carga a los inquilinos. Mientras tanto, crece el descontento en los barrios afectados y aumenta la demanda de explicaciones por parte de SEGESA.
La regularización del servicio eléctrico puede ser necesaria, pero la forma de aplicarla también importa. La compañía debe actuar con transparencia, informar a los afectados y evitar que las familias se conviertan en las principales perjudicadas d une un problema administrativo que, en muchos casos, no pueden resolver por sí solas.
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