El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha lanzado una dura advertencia contra lo que considera graves irregularidades dentro del sistema judicial, después de recibir un informe que señala presuntas actuaciones de jueces que estarían perjudicando a empresas que operan en el país y poniendo en entredicho la seguridad jurídica.
El mensaje, difundido por el vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, apunta directamente a determinados comportamientos que, según denuncia, estarían convirtiendo los litigios laborales en una fuente de enriquecimiento ilícito y generando desconfianza entre inversores nacionales y extranjeros.
La acusación es especialmente contundente: el vicepresidente sostiene que algunas sentencias habrían favorecido económicamente a determinados jueces, mientras se incrementaban de manera arbitraria las cantidades reclamadas a empresas y se atribuía sistemáticamente la responsabilidad a estas en conflictos laborales.
Según el contenido del informe presentado al Gobierno, estas actuaciones incluirían el cobro del 20 % de la cantidad bruta total derivada de determinados procesos, una práctica que, de confirmarse, supondría un grave abuso del poder judicial.
«“En definitiva, manipulan la ley para beneficios propios”, denunció Nguema Obiang Mangue.»
El vicepresidente considera que este tipo de actuaciones no solo afectan a las empresas implicadas, sino que también dañan directamente la imagen internacional de Guinea Ecuatorial como destino de inversión. A su juicio, un sistema en el que las decisiones judiciales puedan ser utilizadas para presionar económicamente a compañías termina debilitando la confianza empresarial y ahuyentando a potenciales inversores.
Un expediente con cuatro sentencias contradictorias
Entre los casos citados figura el litigio entre TridenEnergy y José Eko, un expediente que, según el informe presentado al vicepresidente, cuenta con cuatro resoluciones judiciales: dos de la Corte Suprema de Justicia y otras dos del Tribunal Constitucional.
El elemento que más preocupa al Ejecutivo es que, según la denuncia, las cuatro decisiones presentan contradicciones entre sí.
Para Nguema Obiang Mangue, esta situación constituye un indicio de falta de rigor dentro del Poder Judicial y plantea interrogantes sobre la forma en que se han aplicado las normas en determinados conflictos laborales.
El vicepresidente fue más allá y calificó las actuaciones denunciadas como una forma de “saqueo” contra las empresas, al considerar que algunos operadores judiciales estarían utilizando la ley como instrumento para obtener beneficios personales.
Tres medidas anunciadas
Ante esta situación, el Gobierno asegura que ya ha puesto en marcha una respuesta. La primera medida anunciada consiste en revisar los pagos efectuados en ejecución de las sentencias cuestionadas y proceder, según corresponda, a su devolución a las empresas.
En segundo lugar, los órganos competentes dispondrán de una semana para revisar los expedientes señalados y emitir nuevas decisiones que, según el vicepresidente, deberán ajustarse al marco legal vigente.
La tercera medida afecta directamente a las personas implicadas. Todas ellas deberán justificar sus actuaciones y, si se determinan responsabilidades, responder ante la ley.
El mensaje supone una de las advertencias más severas formuladas públicamente contra posibles irregularidades dentro de la administración de justicia. El Gobierno sostiene que ha realizado esfuerzos para mejorar el clima de negocios y atraer inversión extranjera, y considera que esos avances no pueden verse comprometidos por actuaciones individuales.
La cuestión ahora pasa de la denuncia política a la comprobación jurídica: determinar si las irregularidades señaladas existieron realmente, quiénes participaron en ellas y qué consecuencias legales corresponden.
Para el Ejecutivo, la seguridad jurídica no puede quedar subordinada a intereses particulares. Y, en palabras de Nguema Obiang Mangue, quienes hayan utilizado el sistema judicial para enriquecerse deberán responder por sus actos.
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