Hay una forma de mediocridad que no se reconoce a sí misma, pero que actúa con toda claridad: la de quienes, sin ocupar la máxima responsabilidad de una institución pero sí algún nivel de decisión intermedio, deciden frenar la formación de otros porque temen que esa formación los deje en evidencia. No es incompetencia lo que exhiben cuando entorpecen un permiso de estudios sin justificación real. Es inseguridad convertida en poder de decisión.
El Jefe de Estado ha repetido, en más de un discurso oficial, que "más vale un pueblo culto que un pueblo rico". Es una frase que suena bien en un acto protocolario, pero que muchos de quienes ocupan esos cargos intermedios ni jefes de la institución, ni compañeros de base, sino esa capa de responsabilidad que gestiona trámites y decide permisos parecen no haber escuchado nunca, o haber decidido ignorar deliberadamente. Porque en la práctica, lo que ocurre es exactamente lo contrario: se entorpece, se posterga, se sabotea con excusas administrativas cualquier intento de un trabajador por prepararse más.
No hablamos aquí de simple negligencia burocrática. Hablamos de una actitud sostenida por quienes, sin estar al frente de la institución, encuentran en ese pequeño margen de poder firmar o no firmar, tramitar o dejar en un cajón, informar favorablemente o no la única forma de sentirse superiores a alguien. Y en lugar de asumir con humildad que un compañero quiera prepararse más, prefieren usar ese poder menor para impedirlo.
Esta actitud tiene un nombre, aunque pocos se atrevan a pronunciarlo: es envidia disfrazada de responsabilidad administrativa. Es el temor de quien sabe, en el fondo, que su posición depende más de la antigüedad o de la cercanía a quien manda, que de un mérito real. Y para proteger ese pequeño terreno ganado, no dudan en convertirse en obstáculo del progreso de sus propios compañeros, muchas veces sin que el jefe directo de la institución ni siquiera llegue a enterarse de que ese permiso fue frenado en un escalón intermedio.
El daño que esto causa no se limita a la persona a la que se le niega o retrasa el permiso. Se extiende a toda la institución, y por extensión, al país entero. Cada solicitud de estudios entorpecida en esos niveles intermedios es una oportunidad perdida de tener mejores médicos, mejores docentes, mejores funcionarios. Es la prueba de que, mientras el discurso oficial habla de un "pueblo culto", ciertos intermediarios prefieren un pueblo controlable, no un pueblo preparado.
No hay forma suave de decirlo: quienes actúan así no defienden a su institución, se defienden a sí mismos a costa de ella. Confunden su pequeña cuota de poder con autoridad real, y sienten que el ascenso intelectual de un compañero es un ataque directo, cuando en realidad es exactamente lo que cualquier institución sana debería desear.
Guinea Ecuatorial no va a convertirse en el "pueblo culto" que se proclama en los discursos mientras estas actitudes sigan intactas en esos escalones intermedios de las instituciones. Hace falta que quienes gestionan estos trámites entiendan algo elemental: facilitar la formación de un compañero no les resta nada, y quien teme a un colega más preparado ya ha admitido, sin decirlo, sus propias limitaciones.
0 Comentarios